Más allá de la controversia que generó la publicación en Twitter del video sexual de la diputada federal María Clemente García Moreno, la discusión debe centrarse en las demandas de quienes ejercen el trabajo sexual, así como las omisiones del Estado.

Desde el 1 de octubre de 2022, la diputada federal plurinominal por cuota de diversidad sexual, María Clemente García Moreno, se encontró en el centro del ojo público por el uso dado a sus redes sociales, en las cuales compartió inicialmente descripciones detalladas de su sexualidad, y posteriormente 2 videos sexuales en su cuenta de Twitter. Esto resultó en diferentes críticas de sectores conservadores tanto de grupos panistas como de la propia diversidad sexual y población general.

La actualmente diputada sin partido, inicialmente de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), manifestó su derecho a expresar su sexualidad en sus redes sociales. Y también expresó su derecho a ejercer públicamente el trabajo sexual. Esto lo hizo al sostener que el resto de sus compañeros diputados también ejercen sus ocupaciones paralelas a su cargo público. LEE MÁS ACERCA DE LA ELECCIÓN COMO DIPUTADA DE MARÍA CLEMENTE GARCÍA.

¿Por qué se han señalado las acciones de la diputada María Clemente García?

Es importante señalar que, según la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el carácter privado (personal) o público de la cuenta de un servidor público depende del contenido publicado en esta. Si en dicha cuenta se comparte contenido relacionado al cargo que ostente la persona, el perfil no podrá considerarse privado y pasará a ser abierto al público en general.

Esto somete al perfil al Código de Ética de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, en el inciso N del punto IV, capítulo II. Ahí se sostiene que todo servidor público debe abstenerse de:

«Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación, carteles, calendarios, mensajes, fotografías, audios, videos, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora».

La diputada María Clemente está sujeta a este código porque en su cuenta de Twitter comparte contenido relacionado a su función como servidora pública. Por lo tanto, se encuentra violando dicho código de ética.

Sin embargo, este hecho objetivo no puede ni debe utilizarse como una excusa para antagonizar el libre ejercicio de la sexualidad de las personas, incluyendo el desempeño del trabajo sexual, como han hecho reconocidas personas antiderechos como la diputada local panista América Rangel y grupos feministas transodiantes y abolicionistas del trabajo sexual. Al mismo tiempo en que surgían estas críticas desde el moralismo conservador, algunos sectores dentro del trabajo sexual criticamos la forma en que el trabajo sexual venía representándose por parte de la diputada María Clemente en ocasiones anteriores y hasta el caso actual.

Es aquí cuando debemos explicar para diferenciar.

¿Qué es lo que realmente nos molesta a muchas putas sobre el caso María Clemente y por qué es diferente al reclamo conservador?

Nosotrxs, quienes hacemos o hicimos trabajo sexual, sabemos que nuestro cuerpo es nuestro y que es nuestro derecho usarlo en nuestros términos. Ese es un reclamo central en los activismos puteriles. La discusión no debe estancarse en si está bien o mal que María Clemente comparta contenido sexual justificada en el trabajo sexual. Eso no resuelve nada a lxs trabajadorxs sexuales.

Además, ella no tendría que necesitar justificar el ejercicio de su sexualidad en su profesión paralela a ser legisladora, pues merecemos plena autonomía para ejercer nuestra sexualidad en nuestras condiciones. Sin embargo, estas condiciones, hoy por hoy, no las tenemos en el trabajo sexual.

El trabajo sexual ha estado en boca de la diputada María Clemente García a lo largo de su periodo. Por ejemplo: cuando interrumpió un foro con sobrevivientes de la trata de personas con fines de explotación sexual. Con ello generó críticas al movimiento de trabajo sexual por su actuar. Sin embargo, al momento en que esta nota se escribe, la diputada solo cuenta con 5 iniciativas publicadas entre diciembre 2021 y mayo 2022 en las áreas de campo, salud, hacienda pública, derechos humanos, justicia y economía.

4 de las 5 propuestas están relacionadas con la diversidad sexual, ninguna sobre trabajo sexual. Todas ellas están pendientes en comisiones y no hay ninguna propuesta legislativa entre junio y los primeros días de octubre de 2022. ¿Dónde está entonces el respaldo al interés en el trabajo sexual sin un ejercicio legislativo previo relacionado a este? CONOCE CUÁLES SON LAS DEMANDAS DE TRABAJADORAS SEXUALES EN MÉXICO.

Problemáticas de la situación legislativa del trabajo sexual

Tras el reclamo por parte de poblaciones trabajadoras sexuales derivado de este caso, la diputada María Clemente García finalmente anunció que presentará una iniciativa para «regular el trabajo sexual». Y es aquí donde muchas putas (y putos y putxs) preguntamos: «¿Dónde están los foros con personas trabajadoras sexuales para sustentar esta y futuras iniciativas ¿Qué pasa con la viva discusión dentro del trabajo sexual sobre la regularización vs. despenalización?».

En México tenemos una larga historia de violencia institucional desde sector salud hacia las personas trabajadoras sexuales sostenida en la regulación del trabajo sexual. Esto incluye carnets donde se revela el estado serológico de trabajadoras sexuales, pruebas forzadas de VIH y otras ITS, imposición de horarios, lugares y códigos de vestimenta para poder laborar en vía pública. También existe condicionamiento a afiliarse a partidos políticos o compra de votos a candidatos a cambio de recibir insumos como condones y apoyos económicos, e incluso para permitir el uso de piso, etc. No obstante, no hay acceso a derechos como un seguro médico, acceso a créditos para vivienda, entre otros.

¿Dónde está la interlocución para abordar las necesidades de los sectores más precarios del trabajo sexual?

Omisiones del Estado referentes a las personas trabajadoras sexuales

Antes de la regularización del trabajo sexual, antes de darle poder al Estado sobre los cuerpos de las personas trabajadoras sexuales, está la obligación del Estado hacia nuestro bienestar.

Está la necesidad de que los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y demás centros médicos reconozcan a los hombres trabajadores sexuales para atender su salud sexual y entregarles los condones que consideren necesarios para su trabajo. Aún está pendiente el acceso al PEP cuando se rompe un condón en el servicio sin tener que mentir diciendo que nos agredieron sexualmente para poder solicitarlo.

Está la pendiente reformulación de la Ley de Trata que criminaliza a todo mundo menos a los (y las) proxenetas. Existe la necesidad de programas de apoyo a trabajadoras sexuales con nula o baja escolaridad que deseen iniciar o continuar sus estudios, así como el fomento de alternativas laborales para quienes deseen dejar el trabajo sexual. Queda por realizar el trabajo de concientización en discriminación a empleadores, para que podamos explicar que el ‘periodo inactivo’ en nuestro CV es porque hicimos trabajo sexual y hoy buscamos otro trabajo, sin que eso nos cueste la elegibilidad a un puesto.

Activistas, trabajadoras sexuales y personas que viven con VIH alzan la voz

El 6 de octubre en la tarde, la diputada María Clemente García Moreno anunció que presentaría una iniciativa para reconocer el trabajo sexual dentro de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, al darse a conocer la redacción de la misma, activistas, trabajadoras sexuales y personas que viven con VIH emitieron críticas a lo que se expone en el proyecto. Por ejemplo, la activista Victoria Sámano señaló por medio de un tuit que la iniciativa «criminaliza y sigue estigmatizando a las personas que viven con VIH y otras ITS».

A su voz se unieron otras. El 7 de octubre, por medio de la cuenta de Twitter de la organización VIHve Libre, se dio a conocer la postura de activistas y organizaciones sobre el riesgo de estigmatización y criminalización de personas que viven con VIH, alguna otra ITS y ejercen el trabajo sexual que trae consigo la iniciativa presentada por María Clemente.

El caso de María Clemente García Moreno y la difusión del video sexual nos demuestra que está pendiente que nuestros legisladores recuerden a las personas trabajadoras sexuales sin necesitar de la polémica.

Con información de Código de Ética de la Administración Pública Federal, VIHve Libre y Twitter