Luego de doce años de luchar contra el Estado y la iglesia chilenos, una monja lesbiana ha recuperado su permiso para dar clases de religión.
Sandra Pavez había dado clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, en La Florida, Chile, desde 1985. Todo cambió en 2007, cuando la monja reveló ser lesbiana y estar en una relación con otra mujer. La iglesia católica de la región le exigió someterse a ‘terapias de conversión’ para ‘arreglar’ su condición. Ante su negativa, la iglesia acudió al gobierno chileno para revocarle el permiso de docencia.
El 25 de julio del 2007, René Aguilar Colinier, vicario para la educación del arzobispado, revocó el certificado de idoneidad que le permitía dar clases a la monja Sandra Pavez. El vicario se amparó en el decreto 924 del Ministerio de Educación. Este le concede a la iglesia el poder de decidir quiénes tienen permiso para impartir clases de religión y quiénes no. Sobre lo sucedido, en una rueda de prensa la monja comentó:
«LAS PENAS DEL INFIERNO VINIERON SOBRE MÍ. SE ME DIJO QUE NEGARA LO QUE ERA, Y NEGAR ESO ES NEGARME A MÍ MISMA. SOY UN SER HUMANO Y NO PUEDO NEGAR LO QUE SOY».
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) apoyó a Pavez y en 2007 presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. Desafortunadamente, su petición fue rechazada el 27 de noviembre del 2007.
Posteriormente, esta sentencia fue ratificada el 17 de abril del 2018 por la Corte Suprema. En ambas ocasiones se llegó a la conclusión de que ni la iglesia ni el Estado chileno habían actuado de manera ilegal o discriminatoria contra la docente. MIRA CÓMO LA IGLESIA CATÓLICA PIDIÓ LA LEGALIZACIÓN DEL MATRIMONIO IGUALITARIO.
La CIDH refuta al Estado chileno
El 26 de septiembre del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al gobierno chileno culpable de vulnerar el principio de igualdad y la vida privada de Sandra Pavez. En la resolución emitida por la CIDH se asegura que la monja no solo sufrió de discriminación por ser lesbiana, sino que el Estado ratificó y reforzó las violaciones a sus derechos «mediante las decisiones de sus autoridades».
Como parte de su resolución, la CIDH pidió que la Corte Interamericana exija al gobierno chileno a recontratar a Pavez, además de brindarle reparación y compensación económica. Asimismo, la CIDH solicitó modificar el Decreto 924, además de brindar capacitación tanto a los funcionarios judiciales como a personal docente en temas de diversidad sexual. Esto con el fin de prevenir nuevos casos de discriminación como el de Pavez.
Publimetro entrevistó al subsecretario del Ministerio de Educación, Raúl Figueroa, respecto a la modificación del Decreto 924. Figueroa se mostró consciente de que existen normativas muy antiguas y también de la necesidad de revisarlas y reformarlas para evitar casos de discriminación. Sin embargo, también aseguró que, hasta que no se presente un litigio formal por parte de la Corte Interamericana, nada se hará por reformar este Decreto.
No es suficiente que los gobiernos ‘escuchen’ las recomendaciones de organizaciones internacionales si no tienen la iniciativa de hacer un verdadero cambio. Es necesario revisar las constituciones, los códigos civiles y demás documentos legales de todas las naciones.
Necesitamos que las leyes se modifiquen para reflejar las condiciones sociales de hoy en día, no de 100 años atrás. Solo así verdaderamente se podrá empezar a trabajar en los problemas de discriminación hacia la comunidad LGBT+ y otros grupos vulnerables.
¿Creen que esta monja lesbiana podrá conseguir pronto su trabajo de docente? ¿O creen que el gobierno chileno la mantendrá en espera hasta que lo obliguen a hacer algo al respecto?
Con información de Publimetro y The Clinic
