Pese al rol que tienen en el acceso a la justicia, algunas fiscalías de México han ejercido algún tipo de discriminación contra la población trans.
En México, las fiscalías juegan un papel más que relevante en el proceso de acceso a la justicia, pero en distintas ocasiones la población trans se ha enfrentado a prácticas y discursos de discriminación por parte de las mismas. La negligencia y las diferentes modalidades en las que se expresa la transfobia socavan derechos implícitos en la búsqueda de la reparación de daños y la no repetición.
Fiscalía General del Estado de Tabasco
Para dar apertura a este recuento de casos de discriminación hacia las personas trans por parte de las fiscalías de México, nos vamos con el hecho más reciente. El 12 de julio de 2022, la activista Kenya Cuevas e integrantes de la organización de la que es fundadora y presidenta, Casa de las Muñecas Tiresias, tenían programada una visita a la Fiscalía General del Estado de Tabasco.
En entrevista con Canal Once, les implicades detallaron que desde el 29 de junio solicitaron una audiencia. Las inconsistencias comenzaron cuando, aun haciendo petición como organización, se les dijo que solo podía entrar una persona.
Según detalló Cuevas, desde el principio se comunicó y pidió que fuera una representación colectiva. Pese a no respetar las condiciones de la solicitud inicial, Kenya aceptó con la confianza de que en algún momento dejarían ingresar a las demás personas. Pero no pasó.
¿Medidas diferenciadas?
Antes de darle acceso, le dijeron que dejara el celular. Conforme a lo que se reportó, esta medida no se les requirió a otras personas. Cuando la activista apeló a una explicación, la Fiscalía argumentó que las instrucciones venían por parte del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaip).
Para corroborar esta información, Homosensual entró al sitio web de la dependencia y consultó los documentos del marco jurídico: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y Decreto 235. En ninguno de ellos se detallan medidas sobre la prohibición del ingreso con celular/dispositivo móvil.
Para dar mayor beneficio de la duda, también consultamos el Manual General de la Fiscalía. En este archivo de más de 1400 páginas solo se hace mención de la palabra celular en el apartado de las funciones del perito en acústica forense (p. 1 100).
Y en caso de que no tengas el dato: en julio de 2019, algunas de las fiscalías —entre ellas destacó la de Jalisco— pidieron no entrar con celulares u otros dispositivos móviles. Posteriormente, se colocaron anuncios que decían:
«Por disposición oficial, sin excepción de personas, queda prohibido tomar fotografías y realizar grabaciones del interior y exterior del edificio».
Sin detallar nombres en concreto, se supo que algunos abogados consideraron interponer una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Desde su perspectiva, hay una línea muy delgada entre preservar la seguridad de las y los funcionarios y evitar que se exhiban casos de «abusos, corrupción y maltrato».
Desconocimiento de identidad de género
Además del incidente del celular, la de Tabasco resultó ser una de las fiscalías de México con prácticas de discriminación que después Kenya Cuevas detalló a Canal Once:
«Nos registramos y cuando íbamos a ingresar nos trataron como hombres a todo el colectivo. Y somos personas trans y no binarias. Les explicamos y dijimos que no somos hombres».
Acto seguido, el personal a cargo notificó que el fiscal, Nicolás Bautista Ovando, no vería a Kenya. Se dio la instrucción de reagendar la reunión. Al atravesar por distintos tipos de violencia institucional, Casa de las Muñecas Tiresias presentó una denuncia ante la Fiscalía de Violencia de Género de Tabasco.
Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México
En los últimos años, la de CDMX ha sido una de las fiscalías de México con casos de discriminación hacia la población trans. Fue el 30 de septiembre de 2021 cuando la instancia ofreció una disculpa pública a Kenya Cuevas por la serie de regularidades y tratos violentos en el caso de Paola Buenrostro, víctima de transfeminicidio.
Tal y como lo recordó la organización Equis: Justicia para las mujeres, el actuar de las autoridades estuvo lleno de inconsistencias. En principio, se dejó en libertad al transfeminicida de Paola, quien, como se sabe, fue identificado por la propia Kenya.
Acto seguido, la defensora de derechos humanos se enfrentó a las trabas institucionales. Además de ser víctima de misgendering, presenció la negativa a que se reconociera la identidad de género de Paola.
En los meses siguientes, la fundadora de la Casa de las Muñecas Tiresias recibió amenazas de muerte y lidió con el poco tratamiento profesional con el que se llevaba la investigación. Esto propició que se llevaran a cabo protestas en Insurgentes y la toma del Metrobús.
Las fiscalías de México también incurren en discriminación hacia la población trans cuando vulneran y criminalizan el derecho a la protesta
La violencia institucional en el caso Paola Buenrostro no fue la única muestra de desdén por las personas trans. En diciembre de 2020, Resistencia Queer denunció persecución judicial. En entrevista con Homosensual, la colectiva platicó que al menos 13 personas estaban en riesgo de convertirse en presas políticas.
Durante la concentración en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (12 de agosto de 2019) se registró uno de los episodios que marcaron la lucha feminista capitalina. En una ola de demandas por la falta de atención a la violencia feminicida, el entonces titular de la dependencia, Jesús Orta, fue espolvoreado con glitter. ESTA ES LA RAZÓN POR LA QUE EL GLITTER ES UN SÍMBOLO DEL FEMINISMO CAPITALINO.
Desde entonces, Alec —quien se identifica como una persona trans— enfrenta acoso mediático y judicial. En este punto, una de las mayores faltas por parte de la Fiscalía capitalina fue la filtración de grabaciones en las que se ve a Alec sin capucha.
Este material fue aprovechado por Carlos Jiménez —personalidad de la ‘comunicación’ a la que durante años se le ha denunciado por su falta de ética periodística— para presentar a Alec como una persona que incita a la violencia. Por supuesto, Jiménez tuvo una intención muy concreta al usar el término ‘anarquista’ desde un sentido peyorativo. AQUÍ ENCUENTRAS TODO SOBRE EL CASO DE PERSECUCIÓN A ALEC Y OTRES INTEGRANTES DE RESISTENCIA QUEER.
Fiscalía General del Estado de Jalisco
El 11 de julio de 2022, Agencia Presentes reportó que «desde la justicia» no se le ha querido otorgar información respecto a la identidad de la víctima de transfeminicidio en la colonia Prados Providencia (Guadalajara, Jalisco).
Recordemos que el lenguaje y la forma en la que comunicamos también pueden ser vías mediante las que se nos violente. La dependencia de Jalisco está dentro de las fiscalías de México con actos de discriminación hacia la población trans por la forma en la que dio a conocer este crimen. MIRA NUESTRA GUÍA PARA HABLAR DE PERSONAS TRANS EN MEDIOS.
En el boletín publicado el 8 de julio de 2022 se alcanza a leer que «la mujer perdió la vida». Sin embargo, en el desarrollo del comunicado se expresa que policías municipales y elementos de los Servicios Médicos Municipales:
«Confirmaron la noticia criminal, advirtiéndose que la víctima aparentemente presenta huellas de violencia».
Aunque la Fiscalía manifestó que el caso será remitido a la Unidad Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual, activistas muestran cierto desconcierto. Durante la charla con Agencia Presentes, la directora de Unión Diversa Jalisco (UDJ), Fascinación Jiménez, apuntó:
«Nos hace ruido que la propia Fiscalía, al informar que se encontraron con rasgos de violencia, diga con todas sus letras que “perdió la vida”. No se pierde la vida, te la arrebatan, y en Jalisco particularmente las mujeres trans son las que más viven violencia. Por eso exigimos que en este se crimen se aplique el protocolo de feminicidio y la perspectiva de diversidad sexual, más aún cuando la misma Fiscalía de la Diversidad Sexual supervisa el caso».
Fiscalía General del Estado de Chihuahua
También en julio de 2022 se recordó que la de Chihuahua es otra de las fiscalías de México que, mediante sus acciones, mantienen prácticas de discriminación hacia la población trans. A través de sus redes sociales, Mayte Regina Gardea (Unión y Fuerza de Mujeres Trans A. C.) denunció la incompetencia de la dependencia chihuahuense en el caso de Mireya Rodríguez Lemus, activista asesinada en la colonia Solar del Valle del municipio Aquiles Serdán.
A pesar de contar con «pruebas contundentes» contra el exdetenido, las autoridades dejaron en libertad a Iván Arturo G. P. EN ESTE ENLACE ENCUENTRAS TODO LO RELATIVO AL CASO DE MIREYA RODRÍGUEZ LEMUS.
Como es de esperarse, esta no es la primera inconsistencia a la que se han enfrentado familiares y amistades. En septiembre de 2020 se reportó que la Fiscalía demoró más de 11 días en entregar el cuerpo de la defensora de derechos humanos.
Conforme a una conferencia que otorgó Mayte Regina Gardea, se sabe que la Fiscalía puso en duda la identidad de género de Mireya. A esto, Jesús Rodríguez, padre de la víctima, agregó que las autoridades no le dieron información cuando la solicitó. ASÍ TRATÓ LA FISCALÍA A FAMILIA DE MIREYA RODRÍGUEZ.
Fiscalía General del Estado de Puebla
Como lo vemos con el caso de Mireya, las fiscalías de México también expresan su postura de discriminación hacia la población trans con el trato negligente hacia las víctimas secundarias.
13 días después del transfeminicidio de Sam Rosales en Atlixco (20 de agosto de 2020), sus familiares comentaron que la Fiscalía no realizó el peritaje correspondiente en la escena del crimen. Además, las autoridades se negaron a atenderles. ELLA FUE SAM ROSALES.
En esas fechas también se recordó que la dependencia no aplicó la agravante por crimen de odio en el caso de Jeidy, joven trans atacada a balazos en Tehuacán.
Otras fiscalías de México que tenemos en la mira por discriminación contra población LGBT+
Con los casos anteriores, es posible identificar constantes en las que se presenta la transfobia a nivel institucional. Sin embargo, en las instancias que, se supone, deberían hacer del derecho al acceso a la justicia y reparación integral su preocupación principal prevalecen prácticas que afectan al resto de la población LGBT+.
Por ejemplo, la Fiscalía de Veracruz ha sido señalada por no cumplir acuerdos. Para terminar con la huelga de hambre por parte de las y los activistas que exigían la investigación de los crímenes de odio, se estableció que participarían de manera activa en las mesas de trabajo.
El compromiso por parte de las autoridades no duró ni una semana. Eso sí: algunos/as funcionarios/as se atrevieron a subir fotos en las que se les ve ‘cumpliendo con su labor’. AQUÍ ENCUENTRAS MÁS DETALLES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO HIPÓCRITA DE LA FISCALÍA DE VERACRUZ.
Yucatán ha sido, quizá, una de las entidades de la República mexicana que más han reportado el actuar LGBTfóbico de sus instancias. Y su Fiscalía no es la excepción.
En noviembre de 2020 se advirtió sobre la posible llegada de Patricia Gamboa Wong, funcionaria que en múltiples ocasiones dejó claro que su postura no es nada cercana a la de la defensa y garantía de derechos para la población LGBT+. En junio de 2022, Gamboa Wong se unió como magistrada al Tribunal Superior de Justicia. Supuestamente, trabajará en pro de las adolescencias.
¿Qué otras fiscalías de México recuerdas que hayan incurrido en discriminación hacia la población trans? Escríbenos en los comentarios para agregarlas.
Con información de Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Fiscalía General del Estado de Tabasco, Art. 10: marco jurídico), Mural, Fiscalía General del Estado de Jalisco, Poder Judicial del Estado de Yucatán, Agencia Presentes y Canal Once
