Familiares de Sam Rosales reportaron deficiencias de la Fiscalía de Puebla en la investigación del transfeminicidio de la joven de 23 años.
La Fiscalía de Puebla no atiende a los familiares de Sam Rosales, víctima de transfeminicidio. A 13 días del asesinato de la joven en Atlixco, la única comunicación de los padres de la joven con las autoridades se produjo a través de un breve encuentro y una llamada telefónica.
Sin embargo, el trato de la Fiscalía no ha sido adecuado. E incluso se reportan algunas irregularidades en la investigación.
Investigación deficiente
El transfeminicidio de Sam Rosales ocurrió la madrugada del 20 de agosto en Atlixco, Puebla. La reina de belleza viajaba a bordo de una motocicleta junto con un acompañante cuando otro vehículo inició una persecución en su contra. El automóvil golpeó intencionalmente la motocicleta de Sam, haciéndola caer. La joven murió en el lugar, mientras que su acompañante huyó.
Sobre el tema, familiares de Sam declararon al portal de noticias Animal Político que la Fiscalía no realizó el peritaje correspondiente en la escena del crimen. Por el contrario, la funeraria se encargó del levantamiento del cuerpo.
Asimismo, los familiares de la víctima indicaron que las autoridades no los reciben. También dijeron que lejos de ofrecer avances en la investigación, la Fiscalía le ha pedido a la propia familia pruebas que conduzcan a identificar a los asesinos.
Se repite el patrón
Las irregularidades en el transfeminicidio de Sam Rosales no son las únicas cometidas por la Fiscalía de Puebla en casos relacionados con personas LGBT+.
Cabe recordar que la Fiscalía no aplicó la agravante por crimen de odio en el caso de Jeidy, joven trans atacada a balazos en Tehuacán. Esto a pesar de que los agresores lanzaron a la víctima insultos relacionados con su identidad de género.
Cabe recordar que mientras todo esto ocurre, nueve activistas se mantienen en huelga de hambre debido a los crímenes de odio en contra de personas LGBT+. Encabezados por Jazz Bustamante, los manifestantes exigen la creación de un protocolo para clasificar las agravantes por crímenes de odio contra personas LGBT+.
Sin duda, el transfeminicidio de Sam Rosales y la defectuosa investigación de la Fiscalía de Puebla dan la razón a los activistas que se mantienen en huelga de hambre. Urge un protocolo para clasificar las agravanes por crímenes de odio en México.
Con información de Animal Político
