A raíz de la pandemia de COVID-19, algunos estados han incrementado las penas por el delito de ‘peligro de contagio’, que criminaliza a las personas con VIH.
El delito de peligro de contagio apareció por primera vez en el Código Penal de Veracruz en 1936 y posteriormente se incluyó tanto en el Código Penal Federal como en la mayoría de las legislaciones estatales. Desde su origen estuvo pensado para sancionar a quienes transmitieran infecciones sexuales a otras personas, principalmente sífilis.
En 1990 se reformó en el contexto de la pandemia de VIH, criminalizando a quienes viven con el virus. Y ahora el peligro de contagio está siendo retomado en algunos estados para sancionar con mayor severidad a quienes no acaten las medidas sanitarias ante la pandemia de COVID-19.
Peligro… de violación a derechos humanos
La organización Letra S informó en julio de 2020 que, a través de acuerdos o decretos publicados como parte de las medidas de respuesta a la pandemia de COVID-19, diez entidades «determinaron sancionar a quienes no acaten las medidas sanitarias vigentes en sus localidades conforme al delito de peligro de contagio».
En Querétaro, por ejemplo, se aprobó una iniciativa para «perseguir de oficio» a quienes «sabiéndose infectados» rompan las medidas sanitarias. En Nuevo León, la Secretaría de Salud incluso invitó a los ciudadanos a denunciar a quienes no se aíslen. Y en Puebla se presentó una propuesta para aumentar las penas por el delito de peligro de contagio. En esta última entidad la condena actual es de dos años, pero se propone elevarla hasta diez.
El problema es que estas medidas han dado pie a abusos de autoridad, como detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza contra quienes no usan cubrebocas en la vía pública. Letra S reportó casos de abuso de autoridad en entidades como Guanajuato, Aguascalientes o Jalisco. Pero sin duda, el caso paradigmático es el de Giovanni López.
El 4 de mayo, policías municipales detuvieron al joven afuera de su casa en el municipio de Membrillo, Jalisco. Durante el arresto, los uniformados propinaron a Giovanni una golpiza que terminó por costarle la vida.
Criminalización del VIH
Antes de la COVID-19, el delito de peligro de contagio ya había dado pie a la violación de los derechos de las personas que viven con VIH. De hecho, la redacción del tipo penal pareciera diseñada para criminalizar a quienes tienen el virus. El artículo 199 Bis del Código Penal Federal señala:
«El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa. Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión».
El problema radica en la ambigüedad de la redacción. ¿Cómo comprobar que alguien sabía que vivía con un virus o una enfermedad? ¿Quién y cómo define si el padecimiento es grave? ¿Cómo demostrar que una persona fue contagiada por alguien en particular? ¿Qué tal si estuvo expuesta a otras fuentes de transmisión?
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Señal de alarma
El problema radica en que el contexto generado por la COVID-19 puede generar la ilusión de que el delito de peligro de contagio sirve para prevenir contagios, cuando su efecto colateral es la vulneración de los derechos humanos, en particular de las personas que viven con VIH. Es importante pensar a largo plazo. La pandemia pasará, pero las leyes que criminalizan a quienes tienen VIH permanecerán.
Por lo pronto, las reformas a las leyes estatales en materia de peligro de contagio con pretexto de la COVID-19 representan una señal de alerta para quienes viven con VIH.
Con información de Letra S
