La Dirección de Diversidad Sexual de Jalisco explicó por qué se aplicará el protocolo de feminicidio en el caso de Jonathan Santos.
Andrés Treviño, titular de la Dirección de Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco, explicó por qué la Fiscalía del estado decidió aplicar el protocolo de feminicidio para investigar el caso de Jonathan Santos, quien pertenecía a la comunidad LGBT+
El miércoles, el Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, anunció la aplicación de este protocolo para el caso del joven asesinado el 11 de agosto. Sin embargo, lo anterior provocó críticas por parte de activistas de la comunidad y compañeros de Jonathan. La Unión Diversa de Jalisco aclaró que el joven no se identificaba como mujer trans. Por lo anterior, pidió a las autoridades la aplicación de un protocolo para atender crímenes de odio, en lugar de usar el de feminicidios.
Sobre el tema, Treviño explicó que el protocolo de investigación para feminicidios es aplicable a otro tipo de crímenes, como el cometido contra Jonathan Santos. Además, aclaró que el caso del estudiante sí se investiga bajo la hipótesis de crimen de odio.
Exigen aclarar asesinato de Jonathan Santos, estudiante LGBT+ de Jalisco
Directrices de investigación
A través de su cuenta de Twitter, Treviño explicó que, de acuerdo con la ONU, el Protocolo latinoamericano de atención a los feminicidios también puede servir para orientar la investigación de homicidios relacionados con la orientación sexual o identidad de género de las víctimas.
En momentos de indignación e incertidumbre, es importante ser claros con la información existente, para procurar que todas esas legítimas demandas, tomen el rumbo que nos lleven a la justicia
Sobre la aplicación de protocolo de feminicidio en el caso de #JonathanSantos abro hilo pic.twitter.com/snxMIEGKQu— Andrés Treviño (@andtrelun) August 13, 2020
Al respecto, el funcionario dijo que las autoridades sólo retomarán algunas directrices del protocolo de feminicidio para investigar el caso de Jonathan Santos. No obstante, el delito se perseguirá como crimen de odio:
«El protocolo de feminicidio establece una serie de directrices que guían las investigaciones en función de un principio básico: todas las muertes de mujeres se investigan como feminicidios hasta que se descarte. Es la misma lógica la que tenemos que aplicar con los delitos de odio. Todas las muertes o los asesinatos o las lesiones cometidas contra una persona con orientación sexual e identidad de género no normativa se tienen que investigar como delito de odio hasta que se demuestre lo contrario».
Asimismo, explicó que la aplicación del protocolo de feminicidio no implica que las autoridades hayan confundido la orientación sexual de Jonathan Santos con su identidad de género:
«No se está pensando o no se está asumiendo que la identidad de género fuera mujer. No se está asumiendo que al ser homosexual es más femenino y por ende se tiene que aplicar un protocolo de feminicidio».
Además, Treviño añadió que la aplicación de este protocolo se debe a que Jalisco no cuenta con uno especializado para la atención de crímenes de odio. Ante esta situación, dijo que no es necesario retomar parámetros del protocolo de feminicidio que puedan resultar útiles para el caso.
¿Qué dice la ley?
El hecho de que se tenga que aplicar un protocolo de feminicidio para un crimen de odio contra un integrante de la comunidad LGBT+ como Jonathan Santos habla de una omisión por parte de las autoridades de Jalisco.
Apenas, en diciembre de 2019 el Congreso jalisciense aprobó una reforma para incluir los crímenes de odio en el Código Penal. Con ello, se puede sancionar con hasta 40 años de cárcel a quienes cometan homicidio en razón de la orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, la Fiscalía alega una supuesta falta de protocolos específicos para este tipo de casos.
Lo cierto es que, si bien no hay un protocolo específico en Jalisco, sí existe uno a nivel nacional. En 2017 se publicó el Protocolo de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género.
Este documento, fue elaborado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que participan instituciones de los 32 estados del país.
