Aumento de la homofobia, incremento de casos de abuso sexual y más embarazos infantiles son algunas consecuencias negativas que tendría el pin parental.
En México se conoce como pin parental a la propuesta legislativa que consiste en otorgar a padres y madres de familia un poder de veto sobre algunos de los contenidos que se ofrecen en las escuelas, particularmente aquellos relacionados con educación sexual y reproductiva, género, feminismo o derechos LGBT+.
Por lo general, este tipo de iniciativas plantean un supuesto derecho de padres y madres de familia a educar a sus hijos e hijas de acuerdo con sus principios, valores o convicciones. En consecuencia, se argumenta que las escuelas deberían notificar a los tutores sobre los contenidos que imparten, mientras que los tutores podrían «elegir la no asistencia» de los menores a clases, actividades, charlas y talleres que no coincidan con dichos principios.
Sin embargo, las iniciativas sobre el pin parental no toman en cuenta que en realidad los niños no son propiedad sus padres. Además, estas propuestas son contrarias al marco legal de la educación pública en México. Y, sobre todo, pasan por alto algunas consecuencias negativas de restringir el acceso a los contenidos educativos.
Por lo anterior, aquí te comentamos todo lo que tienes saber sobre estas propuestas: quiénes las promueven, con qué objetivos, qué es lo que argumentan, qué es lo que no dicen y cuáles serían sus consecuencias negativas.
Sus promotores
El término ‘pin parental’ surgió por primera vez en 2019. Fue creado por el partido político español Vox, que propuso en la comunidad de Murcia una iniciativa con las características antes comentadas: permitir a los padres decidir qué contenidos toman sus hijos e hijas en las escuelas.
En México, 2 partidos políticos han importado esta propuesta, incluyéndola en sus plataformas electorales y presentando iniciativas formales en congresos estatales. Estos son el Partido Encuentro Solidario (PES) y el Partido Acción Nacional (PAN), ambos de tendencias conservadoras. Asimismo, desde la sociedad civil, organizaciones como el Frente Nacional por la Familia también impulsan su inclusión en el debate legislativo.
¿En qué estados se discute?
Un tema preocupante es que en muy poco tiempo llegaron propuestas sobre el pin parental a prácticamente la tercera parte de los congresos locales en México. Hasta el momento se han presentado iniciativas formales en los congresos de Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Baja California, Chihuahua, CDMX, Guanajuato, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Veracruz y Edomex. En la mayoría de los casos, los promoventes son diputados del PES o del PAN.
Por otro lado, en otros 9 estados hay organizaciones que impulsan iniciativas similares, aunque no han llegado a presentarse en los congresos. Esto sucede en Coahuila, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Yucatán y Morelos.
En realidad, el pin parental no ha prosperado en ningún estado. En varias entidades ya se rechazaron las iniciativas correspondientes y en otras el tema se mantiene congelado. El único caso en el que un órgano legislativo aprobó una iniciativa al respecto se presentó en Aguascalientes. No obstante, un juez de distrito concedió un amparo contra la decisión del órgano legislativo al considerarla inconstitucional, por lo que la medida no entró en vigor.
¿Qué dice la Constitución?
Si el pin parental no pudo entrar en vigor en Aguascalientes fue porque su aprobación resultó inconstitucional. Cabe recordar que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación impartida por el Estado debe ser laica. También debe incluir contenidos relacionados con perspectiva de género, ciencia y educación sexual y reproductiva.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto controversias sobre este tipo de iniciativas. Sin embargo, en 2016 negó un amparo a una madre de familia que reclamaba el derecho a decidir sobre los contenidos educativos que recibía su hija. La Corte determinó que el derecho a la educación sexual estaba relacionado con la protección de la menor en materia de salud e integridad personal.
¿Cuál es la postura del Gobierno de México?
En julio de 2020, el Gobierno Federal emitió una postura sobre las iniciativas relacionadas con el tema presentadas en los congresos locales. A través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Gobernación (Segob) dejó en claro que se trata de propuestas inconstitucionales.
El Gobierno rechazó tajantemente el pin parental argumentando que sería contrario a la educación laica y científica. También advirtió que en México el Estado es el rector de la educación pública, por lo que la propuesta atenta contra dicha rectoría.
Los problemas que el pin parental podría ocasionar
En ese mismo pronunciamiento, el Gobierno de México advirtió algunas consecuencias negativas de restringir el acceso de la niñez a contenidos educativos. Entre ellas citó un posible aumento de los casos de homofobia. También, un incremento en el número de embarazos infantiles, adolescentes y juveniles y casos de acoso escolar o discriminación.
Pero quizá una de las consecuencias más preocupantes del pin parental en México sería el posible aumento en casos de abuso sexual infantil. Al respecto, un análisis publicado en la página UNAM Global advirtió que México ocupa el primer lugar mundial en casos de abuso infantil con un promedio de 5.4 millones al año. Lo peor es que solo 1 de cada 100 casos se denuncian oportunamente porque los menores no son conscientes de que sufrieron una agresión sexual. Para colmo de males, en la mayoría de los casos los agresores son miembros de la propia familia de la víctima:
«En México casi la mitad de los abusos sexuales contra menores son cometidos por un familiar (30 % por un padre o hermano y el 15 % por tíos, abuelos, primos o conocidos). Pese a ello, y por más paradójico que parezca, queremos que sea la familia la que decida si los niños reciben este tipo de información, justo la única herramienta que tienen los pequeños para detectar, detener y denunciar tales agresiones».
El peligro para la comunidad LGBT+
Respecto al caso de la comunidad LGBT+, un análisis de publicado en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona que el pin parental es un peligro para los derechos de grupos que, de por sí, ya se encuentran en una situación vulnerable:
«[Las propuestas] no solamente cuestionan la educación sexual impartida a los niños, niñas y adolescentes. También cuestionan la educación respectiva a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTTTIQ. Lo anterior se traduce en un debate concerniente a los derechos humanos de grupos discriminados tanto histórica como estructuralmente en nuestro país y en el mundo».
A lo anterior hay que sumar que la educación es fundamental para sensibilizar sobre la diversidad sexual. Por lo anterior, el pin parental sería un caldo de cultivo para la desinformación y el odio hacia la comunidad LGBT+.
