Pese a la existencia del artículo 21 constitucional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mantiene como apuesta de ‘seguridad pública’ la militarización del país; es momento de hablar sobre cómo afecta de manera puntual a la población LGBT+.
El 6 de septiembre de 2022, contingentes LGBT+ se unieron a la protesta contra los planes de militarización en México, la cual se hizo presente en un recorrido del Ángel de la Independencia al Senado de la República (CDMX). La movilización de colectivos en defensa de los derechos humanos encontró como motivo la pretendida reforma a la Guardia Nacional (GN), institución que a lo largo del presente sexenio se ha querido promocionar como ‘alternativa de paz’.
¿En qué consiste la reforma para la operación de la Guardia Nacional?
Lo que se pretende con dicho paquete de modificaciones legislativas es que la GN —actualmente bajo mando civil por disposiciones de la Constitución Política— sea adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Lo cual se traduce en que la Sedena:
- Controlaría los recursos financieros.
- Elegiría al titular y a los elementos de la GN.
- Controlaría la organización, operación, distribución territorial, ingreso, formación, capacitación y profesionalización de la institución.
Es pocas palabras: la militarización del país es estrategia a la que AMLO le ha apostado —con miles de eufemismos y varios descaros— como parte de su plan de Gobierno. En los primeros días de septiembre de 2022, organizaciones como Intersecta y Data Cívica alertaron sobre los riesgos de lo que se quiere establecer como eje de la política de ‘seguridad’ pública. Entre estos destacan:
- Aumento de homicidios dolosos
- Incremento de la violencia armada
- Uso de la fuerza letal como estrategia de resolución de conflictos
- Abuso de poder y vulneraciones de los derechos humanos por parte de los militares
A esto, la Red Feminista Antimilitarista enfatizó que, de no frenarse en el Senado, dicha reforma atenta contra la memoria histórica. Durante décadas se han denunciado los «efectos nocivos» del fortalecimiento y presencia de la milicia. ACÁ PUEDES FIRMAR LA PETICIÓN DE CHANGE.ORG CONTRA LA MILITARIZACIÓN.
Nos negamos a reducir los atentados contra nuestra integridad a la ‘justificación’ de «efecto colateral». A diario nos atraviesan las estadísticas —también poco transparentes— sobre desaparición forzada y tortura. Por supuesto, la presencia de militares —con la carga simbólica que trae consigo— se perfila como uno de los factores que obstaculizan la labor de quienes —por negligencia estatal— buscan a sus familiares. AQUÍ TE CONTAMOS SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXOGENÉRICA.
Impactos de la militarización en las poblaciones LGBT+ del continente latinoamericano
Durante la movilización del 6 de septiembre en CDMX, grupos y activistas LGBT+ recordaron que la militarización, no solo en México, tiene una raíz patriarcal, clasista, racista y LGBTfóbica. Es preocupante el rol que, como institución, el Ejército desempeña en la vigilancia, persecución y ‘castigo’ de quienes salimos de la cisheteronormatividad.
Las denuncias y consignas no son arbitrarias. Obedecen a una constante que se ha documentado a lo largo de la región. A principios de octubre de 2020, la organización Human Rights Watch entrevistó a personas LGBT+ del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).
A través de distintos testimonios, se supo que una de las razones por las que se vieron obligadas a abandonar su lugar de origen fueron las «redes de violencia y discriminación» que imperan en los territorios. En ellas, además de integrantes de pandillas, se denuncian los abusos a manos de «policías y miembros de otras fuerzas de seguridad». El abuso de los militares es uno de los factores que criminalizan y entorpecen los movimientos migratorios. ESTO ES LO QUE ATRAVIESAN LAS PERSONAS LGBT+ QUE MIGRAN.
En países como Colombia, la militarización ha tenido un efecto dominó en la vulneración del derecho a la protesta de personas LGBT+. Como muestra basta recordar la represión a las, los y les asistentes a las movilizaciones en el Estadio Metropolitano.
En latitudes como Chile, la situación no es distinta. El 28 de octubre de 2019 —en pleno apogeo del Estallido Social—, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció que 2 chicas lesbianas fueron agredidas en razón de su orientación sexual por militares. Según lo que reportó la organización, las jóvenes recibieron insultos y golpes con un bate de béisbol.
¿Por qué activistas y personas LGBT+ estamos en contra la militarización en México?
Así como lo enfatizaron Intersecta, Data Cívica, Centro de Estudios Ecuménicos y Equis: Justicia para las Mujeres en el informe Violencia de género con armas de fuego en México, nuestro país «no cuenta con políticas públicas que atiendan la violencia contra las mujeres derivada del contexto militarizado». Mucho menos se ha hecho por tener en la mira el impacto que causan en las poblaciones sexodisidentes. O bueno, no desde la llamada política formal.
La sociedad civil lleva décadas denunciando las consecuencias que el fortalecimiento de la milicia tiene en los diferentes grupos poblacionales. Desde el activismo LGBT+, es rescatable la labor del Centro de Apoyo de las Identidades Trans y la Casa de las Muñecas Tiresias.
Ni la Policía ni los militares nos cuidan. Al contrario, son actores reconocidos en los testimonios que dan cuenta de la violencia (trans)feminicida y sexual. A nivel internacional, una de las iniciativas que trabaja sobre este eje es Malakas Coalition.
La militarización no es y jamás será una solución… aunque nos la quieran vender como una condición para la paz
Por más que AMLO u otras figuras políticas (porque bien se sabe que no es el único) «cambien de opinión», tenemos memoria y —sobre todo— un chorro de rabia. La militarización de México jamás será una opción que salvaguarde la integridad de la población LGBT+ porque fue la misma que arrebató a Naomi Nicole (La Soñaré), mujer trans y trabajadora sexual. CONOCE LA CONDENA A LOS MILITARES RESPONSABLES DEL TRANSFEMINICIDIO DE LA SOÑARÉ.
Otra de las formas en las que la militarización afecta a la población LGBT+ de México tiene que ver con el manejo y la asignación de recursos. En diciembre de 2021, Forbes informó que la Guardia Nacional pasó de un presupuesto de 858.3 mdp a 27,961.2 millones. Sin embargo, la violencia no cesó.
En el informe presentado por Intersecta, Data Cívica, Centro de Estudios Ecuménicos y Equis: Justicia para las Mujeres se manifiesta que, en contraste con el aumento de presupuesto a la GN, «se han desmantelado programas públicos de atención de violencia contra las mujeres».
Además de las demandas que llevamos impulsando por años —y que en su mayoría han quedado al margen para las autoridades—, poco o nada se sabe sobre los recursos que reciben dependencias involucradas en la agenda LGBT+. Y, como lo podemos inferir a partir de las constantes denuncias al sistema público de salud, sobran las políticas públicas a implementar.
¿En qué otros aspectos consideras que la militarización afecta a la población LGBT+ en México?
Con información de Violencia de género con armas de fuego en México (2021), Data Cívica, Intersecta, Human Rights Watch, Rewire News Group, Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), The Washington Post, Forbes y Los Angeles Times
