Un juez sentenció a 20 años de prisión a los tres policías que en 2019 asesinaron a Camila, una mujer trans, lanzándola desde una patrulla en movimiento.
A Camila Díaz la arrestaron el 28 de enero de 2019 en El Salvador. Horas después, su cuerpo fue hallado en una carretera con huellas de violencia. Y tres días después, falleció en un hospital debido a la gravedad de las lesiones. Este jueves, un juez sentenció a 20 años de prisión a los tres policías que, de acuerdo con el peritaje, golpearon a la mujer trans y la arrojaron desde una patrulla en movimiento.
El desenlace de este caso resultó distinto al de la mayoría de los crímenes contra personas LGBTQ+ en América Latina. Sin embargo, pese a la sentencia a los agresores, el fallo no resultó totalmente satisfactorio para activistas y defensores de derechos humanos.
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Justicia… pero a medias
Por un lado, el juez rechazó el argumento de la defensa de los agresores, según el cual Camila murió atropellada. Cada uno de los tres policías involucrados en el caso recibió una sentencia de 20 años de cárcel por homicidio con la agravante de abuso de autoridad.
Sin embargo, el juez no consideró que el hecho de que los policías arrojaran a la mujer trans de una patrulla después de golpearla fuera evidencia suficiente para calificar el caso como crimen de odio.
Bianka Rodríguez, activista LGBTQ+ de El Salvador lamentó esta decisión. En declaraciones al portal Prensa Latina, explicó que, de haberse tomado en cuenta esa agravante, la sentencia para los asesinos habría sido mayor.
Violencia, migración y transfobia
Antes de su asesinato a manos de los policías que la arrojaron de la patrulla, Camila experimentó todos los tipos de violencia a los que puede verse expuesta una mujer trans en El Salvador.
En un inicio, su familia no reconoció su identidad de género. La obligaron a enlistarse en el Ejército. Desertó y salió de casa para poder vivir libremente como mujer. Luego, ante la falta de oportunidades, tuvo que ejercer el trabajo sexual para sobrevivir.
En 2017 buscó darle un cambio a su vida y migró en dos ocasiones: primero a México y luego a Estados Unidos. Finalmente la deportaron y regresó a ejercer el trabajo sexual en El Salvador, donde sufrió la extorsiones de las pandillas locales.
La noche que la arrestaron, Camila presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol. La policía la arrestó bajo el cargo de desorden en la vía pública. Pero lo que pasó después no tendría justificación.
Testigos revelaron que los policías golpearon a la mujer trans y la subieron a la patrulla sin que ella pudiera defenderse. Luego, no la presentaron ante las autoridades ni la llevaron a casa. La arrojaron desde un vehículo en movimiento en una carretera.
La autopsia reveló que la golpearon en la cara, frente y ojos. También le provocaron una herida en la espalda. Además, su antebrazo quedó partido en dos y sus órganos vitales resultaron lesionados. Murió tres días después en el hospital.
Al final, sus agresores serán castigados. Pero no con la severidad que merecen, pues el juez consideró que el hecho de que tres policías golpeen y arrojen a una mujer trans de una patrulla no es un crimen de odio.
Con información de CNN, Prensa Latina y Agencia Presentes
