En México, sólo 13 estados establecen sanciones para los crímenes de odio cometidos en función de la orientación sexual de las víctimas.
El reciente asesinato de Jonathan Santos puso de manifiesto la importancia de establecer protocoles de investigación y sanciones efectivas para los crímenes de odio en México.
El joven de 18 años era integrante de la comunidad LGBT+con identidad de género masculina. Sin embargo, a falta de un protocolo específico para crímenes contra personas LGBT+ en Jalisco, las autoridades decidieron aplicar el protocolo de feminicidio para investigar el caso.
Por lo anterior, la organización Letra S se dio a la tarea de analizar las sanciones que se aplican a los crímenes de odio cometidos por razón de orientación sexual e identidad de género en México. Entre sus hallazgos, destaca el hecho de que menos de la mitad de los estados del país tipifican este tipo de delitos en sus códigos penales.
Sólo 13 de 32 estados sancionan los crímenes de odio
Irónicamente, Jalisco es uno de los pocos estados que tipifican los crímenes de odio en México. Desde 2019, la entidad establece el odio por ‘preferencia sexual’ —ojo: debe ser ‘orientación sexual’— como una agravante del delito de homicidio. A quien incurra en este castigo se le imponen penas de entre 20 y 40 años de prisión.
En general, la mayoría de los estados que establecen sanciones para los crímenes de odio en México aplican penas similares. En todos los casos, la condena mínima es de 20 años. Mientras tanto, la máxima varía entre los 40, 45, 50 y hasta 70 años de cárcel.
Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes establecen en sus códigos penales el delito de homicidio calificado. Este se considera como tal cuando el asesinato se comete por razones de odio. Y entre las causales se incluye la orientación sexual o identidad de género de la víctima.
Por su parte, en Baja California, Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán aplican agravantes al delito de homicidio cuando este se comete en razón de la orientación sexual e identidad de género. Dichas agravantes se traducen en mayores penas para los culpables. CHECA NUESTRA ENTREVISTA CON LETRA S SOBRE CRÍMENES DE ODIO EN MÉXICO.
Letra muerta
Por desgracia, las sanciones establecidas en los códigos penales para los crímenes de odio son letra muerta en México. Al respecto, resulta irónico que el estado que establece mayores penas para este tipo de delitos es al mismo tiempo el que registra una mayor incidencia de casos.
El artículo 144 del Código Penal de Veracruz establece penas de entre 20 y 70 años de prisión para el homicidio calificado. Sin embargo, la entidad ocupa el primer lugar nacional en crímenes de odio contra la comunidad LGBT+. Entre 2013 y 2018 se registraron 43 casos en el estado. A ello se suman 28 más en 2019 y 17 en los primeros meses de 2020. DESCUBRE POR QUÉ VERACRUZ ES EL ESTADO #1 EN IMPUNIDAD EN CRÍMENES DE ODIO.
A nivel nacional, la incidencia delictiva de crímenes de odio contra personas LGBT+ es de 473 casos entre 2013 y 2018. Posteriormente, 2019 rompió récord como el año más violento contra la comunidad con 117 casos.
Protocolos en el olvido
Más allá de las sanciones, el problema que ocasiona la impunidad de los crímenes de odio en México es la forma en que todos estos casos se investigan.
Desde 2017 existe el Protocolo de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. En su momento, todas las procuradurías estatales participaron en la elaboración de este documento, que aplica a nivel nacional. Sin embargo, el director de Letra S, Alejandro Brito, dijo en declaraciones al periódico La Jornada que las autoridades de los estados en realidad no conocen estos protocolos.
Precisamente ese es el problema en el caso de Jonathan Santos. Pese a la existencia de este protocolo, las autoridades prefirieron aplicar el de feminicidio para guiar la investigación.
Ante el desconocimiento de estos protocolos, las autoridades no registran los crímenes de odio como deberían. Esto explica los altos índices de impunidad y el hecho de que, en los casos que se castiga a los responsables, no se aplique la agravante para elevar las penas a la sentencia correspondiente.
Aclaran aplicación de protocolo de feminicidio en caso de Jonathan Santos
