El Gobierno Federal advirtió que algunas consecuencias del llamado pin parental serían el aumento de la homofobia, embarazos infantiles y violencia sexual.
A través de las Secretarías de Gobernación (Segob) y Educación Pública (SEP), el Gobierno Federal se pronunció en contra de las iniciativas presentadas en congresos estatales, conocidas como ‘pin parental’. Mediante un comunicado, las dependencias afirmaron que estas propuestas son inconstitucionales y afectan el interés superior de la niñez. Además, consideraron que son contrarias a los principios de una educación laica y científica.
El Gobierno de México concluye que el llamado “Pin Parental” es una medida violatoria de derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, responsable y bien informada. https://t.co/WfOqNPS7FQ pic.twitter.com/ELhKRPXFTN
— Gobernación (@SEGOB_mx) July 6, 2020
La SEP y la Segob también alertaron sobre algunas consecuencias negativas que podría traer la restricción de contenidos educativos en materia sexual y reproductiva. Entre ellas, mencionaron el «incremento de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes; del embarazo infantil, adolescente y juvenil; acoso escolar, discriminación y homofobia».
¿Qué es el pin parental?
Se conoce como ‘pin parental’ a las iniciativas de ley presentadas en congresos estatales para permitir a los padres de familia «elegir la no asistencia» de sus hijas e hijos a clases, actividades, charlas y talleres que no coincidan con sus convicciones éticas o morales. Dicho de otro modo, otorga a los padres una especie de «poder de veto» sobre ciertos contenidos impartidos como parte de la educación pública.
El comunicado de las dependencias del Gobierno Federal advierte que lo anterior podría violar la rectoría del Estado sobre la educación y restringir la impartición de contenidos relacionados a la educación sexual y reproductiva:
«De aprobarse estas reformas, las autoridades competentes podrían considerarlas inconstitucionales al violar principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, así como transgredir la rectoría del Estado en la definición de contenidos educativos establecida en el artículo tercero constitucional. Asimismo, serían violatorias del marco nacional e internacional de derechos humanos en favor del interés superior de la niñez».
Por lo anterior, las dependencias del Gobierno Federal se comprometieron a enviar a los 32 congresos estatales análisis sobre las consecuencias negativas del pin parental.
Proliferan propuestas antiderechos
De acuerdo con el comunicado, en meses recientes se presentaron iniciativas sobre pin parental en al menos cinco congresos estatales. En cada caso, el desenlace ha sido diferente.
En Nuevo León, la iniciativa fue promovida por el diputado del Partido Encuentro Social (PES) Juan Carlos Leal. Pese a obtener 20 votos a favor, la propuesta del diputado abiertamente homófobo y transfóbico se rechazó al no alcanzar mayoría calificada.
Rechazan en Nuevo León pin parental que propuso diputado homófobo
En contraste, en Aguascalientes, el pin parental se aprobó por unanimidad el 21 mayo. Mientras tanto, en Querétaro, la diputada transfóbica y homófoba Elsa Méndez presentó la iniciativa apenas a principios de junio.
En todos los casos, los promotores del pin parental son diputados del PES. Dicho partido está estrechamente vinculado a iglesias evangélicas y se opone a los derechos de la comunidad LGBTQ+.
La historia de Encuentro Social, el partido antiderechos LGBTQ+
Olvidan infancias trans
El mensaje del Gobierno Federal en contra del pin parental llega al finalizar un Mes del Orgullo marcado por la parálisis legislativa y el abandono de la agenda favorable a la comunidad LGBTQ+. Varias iniciativas se encuentran en ‘la congeladora’. Entre ellas, la llamada Ley de Infancias Trans, la prohibición de las ‘terapias de conversión sexual’, el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en Morelos y el matrimonio igualitario en el Estado de México.
Además de rechazar el pin parental, el Gobierno Federal debería pronunciarse a favor de procesar todas esas iniciativas pendientes, en particular la de infancias trans.
En su argumentación en contra del pin parental, el Gobierno reconoció que los derechos de niños, niñas y adolescentes están «por encima de los intereses de sus madres y padres». La misma lógica aplica para el reconocimiento de la identidad de género: es un derecho de niños, niñas y adolescentes, no de sus padres, ni la prerrogativa de un médico o juez.
